Un Programa Socialista Libertario para intervenir en el Movimiento De Vivienda

Discrepamos profundamente con aquellas organizaciones que consideran que un programa político es un conjunto de aspiraciones de máximos por ser incapaces de generar una comunicación real con grandes sectores de la población. También nos distanciamos de aquellos colectivos que toman sin más las reclamaciones reformistas sin intentar aportar nada a las luchas de la clase trabajadora.

Una Organización Revolucionaria debe tomar las demandas reales de las luchas y realizar aportaciones que apoyen un desarrollo de las mismas hacia cotas más combativas, señalando el sistema capitalista, apostando por procesos de autoorganización y defendiendo la autonomía estratégica de clase.

Un Programa Político de una Organización Revolucionaria tiene que ser una brújula ideológica para sus militantes y una herramienta táctica para la lucha política. Entre las demandas anunciadas habrá propuestas destinadas a desvelar cuestiones estructurales de este sistema, señalar las amenazas a las que se expone el movimiento como desvíos y cooptaciones, favorecer la consolidación de las formas organizativas más sólidas, superar la sectorialización de las demandas, construir consciencia de clase y aportar visión estratégica.

La autonomía no es un concepto abstracto que se pueda desligar de la construcción de la clase trabajadora y de la pugna por la defensa de sus intereses.

1 – Critica al modelo productivo y a la tercerización de la economía y supeditación de los organismos públicos a los especuladores y explotadores. Reorganización del sistema productivo al servicio de los intereses de la clase trabajadora en su conjunto asegurando su autonomía material y una producción racional con los recursos y el equilibrio ecológico fuera de dinámicas de crecimiento insostenibles que anteponen los beneficios de unos pocos frente a todo lo demás.

2 – Regulación del mercado de la vivienda y del alquiler anteponiendo el derecho a una vivienda digna por encima de los intereses de mercado.

• Vinculación del precio de la vivienda al salario.
• Mecanismos de control del mercado por instituciones propias de la clase trabajadora.
• Creación de un parque de vivienda social a través de la expropiación sin compensación de los grandes tenedores y especuladores.
• Reordenación territorial y planificación urbana con perspectiva ecológica y de clase. Transportes, accesibilidad y movilidad.

3 – Despenalización de la protesta. Derogación de las leyes mordaza y represivas. Resolución y restauración de las personas sancionadas o penadas por luchar. Fin de las infiltraciones policiales.

4 – Paralización inmediata de los desahucios hasta su reubicación en vivienda social teniendo en cuenta cuestiones de arraigo, cuestiones materiales y culturales.

5 – Paralización de los procesos de desokupación e ilegalización de las empresas de desokupación. Desestigmatización de la Okupación. Eliminar la okupación como delito penal.

Contra el discurso securitario y de alarma social generada por los medios de comunicación controlados por grandes corporaciones y alineados con los intereses de capitalistas y especuladores, que presenta a las personas que okupan como vagos, maleantes y violentos. Campaña de propaganda que oculta, de forma deliberada, que muchas okupaciones son familias sin recursos, personas vulnerables o colectivos que crean espacios sociales. Por otro lado, bajo el término «okupación», los medios meten en el mismo saco situaciones que no tienen nada que ver, como familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y se ven desahuciados, inquilinos en proceso de impago debido a abusos inmobiliarios o incluso personas estafadas por contratos fraudulentos sin otras alternativas de acceso a la vivienda. Este discurso mediático tiene como fin justificar la represión del Estado y fortalecer socialmente la idea de que la propiedad privada de la vivienda es un derecho absoluto e intocable, incluso por encima de la vida de las personas.

Este pánico social que difunden los medios no es casualidad, es una estrategia de propaganda capitalista, basada en sembrar miedo para justificar leyes más represivas, que recorten los derechos de la clase trabajadora en el ámbito de la vivienda y reforzar así los intereses de grandes propietarios y fondos de inversión. La okupación es, aunque no la solución a los problemas de la clase trabajadora, una opción legítima ante un sistema que prioriza el beneficio de unos pocos por encima de la dignidad de la mayoría. Debemos luchar para que la okupación salga del Código Penal. Tal y como hemos argumentado, la okupación, en la mayoría de los casos, no tiene una connotación de delito violento, sino que es un conflicto relacionado con el derecho de propiedad. La codificación de la okupación dentro del Código Penal se deriva en castigos desproporcionados, que incluyen las penas de prisión.

A la vez se hace imperativo luchar contra las empresas de Desokupación presentadas por los grandes medios como una solución legitima ante un problema social, lo que supone limpieza de cara de la Extrema Derecha y el Fascismo. Pero no debemos contentarnos con señalar a los Ultras. Como ha quedado clarificado estas empresas están formadas por especuladores y empresarios y en sus filas se encuentran políticos de los principales partidos.

6 – Combate radical al reformismo tanto institucional como al de las burocracias sindicales y de los movimientos sociales.

El sistema capitalista y el estado burgués a su disposición genera toda una serie de herramientas para disipar el conflicto de clases, desviándolo o reintegrándolo. Los partidos reformistas, los sindicatos de concertación y diferentes organismos de mediación son impulsados para realizar esta tarea.

Pero la burocracia no solo es un fenómeno impulsado desde arriba sino productos estructurales del sistema capitalista y de la división de clases. Surgen como mecanismos de mediación entre las bases y las estructuras de poder, consolidando una capa “profesionalizada” que monopoliza la representación y diluye la autonomía de clase. Las burocracias desarrollan intereses que quedan vinculados a los de las clases dirigentes.

Las burocracias actúan como aparatos de contención de la lucha de clases: canalizan el descontento hacia reformas limitadas, desmovilizan la acción directa, dividen y sectorializan las luchas y neutralizan la radicalidad en pro de avances parciales.

Para Graeber, los movimientos revolucionarios dependen de la capacidad de imaginar lo impensable (como una sociedad sin Estado o capitalismo), algo que la burocracia bloquea al priorizar la «practicidad», sofocando la creatividad política al reducir las soluciones a lo «posible» dentro del sistema.

Pero la burocracia sindical no es el único fenómeno de burocratización que se desarrolla en los conflictos de clase, también los movimientos sociales generan sus propios burócratas. Estas estructuras, menos formales que las de sindicatos o partidos, favorecen la emergencia como burócratas de aquellas figuras más «preparadas» (normalmente de los sectores más privilegiados de la lucha).

En los últimos años hemos visto tanto la proliferación de figuras mediáticas que realizaban esta función de burocratización y usurpación de los diferentes movimientos y también de su integración en estructuras del estado, partidos neoreformistas, ONGs o medios de comunicación. Estos agentes que solo se representan a ellos y que justifican su portavocía de los movimientos en torno a su cualificación son una tecnoburocracia en toda regla. Al igual que las burocracias sindicales desarrollan unos intereses incompatibles con los de la clase trabajadora en su conjunto lo que les convierte en un agente apaciguador de las luchas.

Parte de esta actividad se ha realizado bajo la lógica de la sectorialización de las luchas y de la negación del conflicto de clases. Esto ha supuesto la priorización de las demandas identitarias, sectoriales o parciales sin cuestionar la explotación económica ocultando las estructuras capitalistas.

El combate contra las burocracias:

• Fomentar la acción directa (sin intermediaros), en espacios amplios con la intervención de diferentes corrientes y la democracia radical; asambleas horizontales, mandatos revocables y selección de cargos a través de métodos democráticos.
• El objetivo es lograr establecer asambleas de trabajadores que se consoliden en estructuras de clase con proyectos revolucionarios que sean capaces de superar los límites impuestos por las burocracias de los sindicatos de concertación y de los movimientos sociales y delatar sus prácticas y posiciones.
• Denunciar públicamente las practicas burocráticas exponiendo su papel y a que organizaciones pertenecen.
• Apoyar revueltas antiburocráticas dentro de sindicatos y movimientos con una perspectiva fraccionalista.

7 – Regularización de las energías y suministros. Desmercantilización de los suministros energéticos básicos bajo control de instituciones propias de la clase trabajadora.

El acceso a suministros básicos como la electricidad, el agua o la calefacción no debería ser un privilegio sujeto a las normas de mercado, sino un derecho de todas las personas, ante un sistema que mercantiliza las necesidades básicas. La falta de acceso a estos suministros y la liberación al mercado de los mismos por parte del Estado sirve para reforzar la precarización del trabajo y la dependencia de salarios insuficientes para cubrir, incluso, las necesidades más básicas.

Por ello es necesario garantizar el acceso universal a los suministros, priorizando el bienestar social sobre el lucro privado. Para lograrlo, proponemos:

• Control de los suministros: Intervención de los servicios. Expropiación de las empresas energéticas para ser puestas bajo la gestión de instituciones de la clase obrera, garantizando así la democratización de los suministros y la aceptación de las condiciones del servicio y de la empleabilidad en las mismas.
• Precios regulados: Establecer tarifas accesibles basadas en la equidad y la justicia social. Proponemos un formato que recoja unas tablas de ingresos que permitan las facturas únicas basadas en paquetes (luz+agua/gas+luz+agua). Estas tablas deben también recoger determinados ingresos (como el PNC, IMV u otros subsidios) que favorezcan los llamados actualmente «bonos sociales», «bono térmico», etc., quedan estos fuera de facturación.
• Protección contra cortes de suministros: Prohibición de cortes por impagos, especialmente en hogares donde los ingresos y otros factores sociales estén vinculados con el impago. De la misma forma, se establecerán periodos de excepción derivados de situaciones de crisis y se tendrán en cuenta características que acrecientan la vulnerabilidad, como, por ejemplo, personas que dependen del suministro de electricidad para mantener un tratamiento médico.
• Participación y control democrático: Gestión comunitaria, a través de cooperativas o entidades locales, que aseguren que las decisiones tomadas respondan a las necesidades de la población. Por ejemplo, en el barrio madriñelo de Orcasitas, 2.276 familias disponen de servicio de calefacción por menos de 40€ al mes siguiendo este modelo. Energía comunitaria, con proyectos de generación de energía a nivel local, como paneles solares o sistemas de captación de lluvia, para reducir la dependencia energética de grandes empresas.

8 – Despenalización de la migración y regulación de las personas migrantes. La creación de ciudadanos de segunda o de ciudadanos irregulares produce las condiciones para la explotación más sangrante. En el problema social de la vivienda esta irregularidad abre las puertas a condiciones de especulación aún mayores destinando a las personas más vulnerables a condiciones de vida infrahumanas.

9 – Vivienda digna, deshacinamiento, salubridad de las viviendas y acceso a los servicios públicos. El derecho a la vida es el derecho a la ciudad y al total de la gestión.

10 – Avance hacia un sindicalismo integral de clase, capaz de integrar a la clase trabajadora en su conjunto. Que tome las demandas de las trabajadoras junto con las pensionistas, estudiantes y personas en situación irregular. Que integre el total de las facetas de la vida de la clase trabajadora en estructuras de autoorganización y lucha. Dotándose de herramientas que permitan un crecimiento cualitativo y cuantitativo en las luchas por la vivienda, la defensa y ampliación de los derechos democráticos y la defensa de lo público frente a la especulación y privatización y de los servicios sociales. Apostamos por el sindicalismo total como estructuras de autoorganizaciones integrales de clase y el sindicalismo de base como metodologías para su ampliación frente a las estrategias de coordinación y federación laxa de las luchas o a los “sindicatos” bajo control vertical.