La Lechuza corre el mismo riesgo que Amparo

Este 15 de febrero se cumplen 11 años del fallecimiento de Amparo (misma fecha de aniversario que el incendio de 1941), una vecina de Santander que fue expulsada de su casa para que se pudiera construir un vial en la S-20. Ahora, este Centro Social Okupado sufre la amenaza de ser derribado

El caso de Amparo Pérez no es una historia cualquiera dentro de la conversación que tiene que ver con lo que es Santander, su urbanismo y también el pulso de su sociedad civil. Ya han pasado 11 años desde que esa ciudadana santanderina falleciera, en plena lucha por tratar de evitar que el Ayuntamiento de la capital de Cantabria la echara de su casa para construir un vial que la ciudadanía no reclamaba, pero que el Consistorio se empeñó en llevar a cabo.

Ahora, 11 años después de que Amparo falleciera, el Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) La Lechuza, en el Barrio La Torre de Monte, corre el riesgo de sufrir la misma suerte, y que el local donde lleva a cabo sus actividades acabe siendo derribado. Este CSOA se encuentra bastante cerca del vial de la S-20. Por eso vivieron muy de cerca el caso de Amparo y defendieron la causa de esa vecina que quería seguir viviendo en su casa, pero que se acabó dejando la vida en el intento de conservarla.

La Lechuza denuncia que un plan urbanístico del Ayuntamiento de Santander, respaldado por la empresa Robera 2000, propietaria del edificio donde tiene su sede este CSOA, puede dar al traste con sus actividades, que se extienden ya por 12 años. Desde poco antes de que falleciera Amparo.

La Lechuza defiende que esta trayectoria ha estado llena de ideas que tienen que ver con tener una sociedad que se aleje del modelo de consumo actual. Un Centro donde presumen de haber construido redes de apoyo mutuo, soberanía popular y alimentaria, escuelita y transmisión de saberes, asamblearismo, antiautoritarismo, desobediencias y disidencias, acción directa, crítica al ocio administrado, alternativa habitacional y espacio de encuentro y acogida.

Se dicen defensores del territorio y proponentes de un arte combativo, siempre tratando de remar en una corriente alternativa al capitalismo. Algo que cuadra perfectamente con el caso de Amparo Pérez, es decir, formar parte de unos movimientos sociales de Cantabria que defienden su tejido social.

Los planes de demolición, según el CSOA, responden «más al mero lucro especulativo de Ayuntamiento y constructoras que al señalamiento concreto de este espacio», además de denunciar que lo que les puede pasar a ellos no es un caso único ni aislado, sino una corriente generalizada que pretende acabar con este tipo de centros sociales.

Hacen referencia también a cómo ha cambiado, desde hace años, el discurso hacia la okupación, llevando el debate a marcos que tienen más que ver con la desinformación y provocar una ansiedad en la sociedad que no concuerda con la realidad. De esta forma, creen que se ha contribuido a una «victimización de rentistas y especuladores, criminalización de la pobreza y la disidencia, así como la entrada y naturalización del fascismo, encarnado en empresas de desokupación y hostigamiento a la población migrante». La realidad dice que son muchos más los desahucios que las okupaciones.

En La Lechuza lamentan que «Cantabria se suma con creces y a velocidad vertiginosa a un modelo económico basado en la especulación del suelo y la vivienda, turismo voraz y urbanismo depredador, que expulsa a sus habitantes, y destruye el territorio, nuestra salud mental, identidad y cultura, para el beneficio de una minoría adinerada» que, además, «generan y financian guerras y genocidios».

Por todo ello, creen que son necesarias islas de resistencia como tratan de ser ellos. Reivindican ser un ambiente rural dentro de una ciudad como Santander y eso les lleva a poner la vida en el centro, desde Monte. Y piden apoyo para que la sociedad conozca que están pasando un momento difícil, porque pueden encontrarse con el fin de sus actividades si se activa un proceso para poder desahuciarlos.

La lucha de Amparo, justo al lado

El vial de la S-20 se acabó construyendo, pese a la respuesta de la sociedad civil santanderina, que llevó a cabo diversas movilizaciones de apoyo a Amparo. A sólo unos cientos de metros de donde está La Lechuza. Se trataba de una obra que no parecía tener una gran justificación por necesidad ni por una petición de los vecinos. Se quería unir la S-20 con la Avenida de los Castros, pero ya había otros viales cercanos que cumplían esa función. En los primeros meses de funcionamiento de esta infraestructura, no se producían accidentes ni se ponían multas.

La obra del vial tuvo una seña que se ha podido ver en muchas otras ocasiones en Santander, y es que hubiese un sobrecoste sobre el precio de adjudicación, del cual se beneficiaron las empresas adjudicatarias, Copsesa e Isolux-Corsán, que formaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) y presentaron una oferta con baja temeraria. El Gobierno de Cantabria (legislatura 2011-15, con Ignacio Diego de presidente) le echó una mano al Ayuntamiento para pagar la obra, haciéndose cargo del 80% del coste total, que se fue a cerca de 3,8 millones de euros.

El nieto de Amparo Pérez, Marco Santamaría, llegó a contar que el Ayuntamiento de Santander esgrimió la subvención del Gobierno de Cantabria a la obra del vial como argumento para el rechazo del recurso de la familia al procedimiento de expropiación de la vivienda de la anciana. Como si pudiera haber una voluntad de comprender a la familia y las circunstancia obligaran a no poder llevarla a cabo. Sin embargo, también recalificaron la casa, pasando el terreno de urbano a rústico, para rebajar el coste de la indemnización por la expropiación. Meses después del fallecimiento y con la casa ya derribada, el Consistorio llegó a cobrar el IBI a la familia, algo que justificaron diciendo, simplemente, que se había tratado de un error.

Ante la reacción social, al alcalde de entonces, Íñigo de la Serna, se le ocurrió que la mejor idea era despreciar a los movimientos sociales acuñando una palabra que todavía resuena en Santander: plataformitis. De esa manera metía en un mismo saco a todos los colectivos y asociaciones que creyeron que debían defender a una mujer de 86 años a quien querían desalojar por una obra que parecía más un capricho que un servicio a la ciudad.

Sin embargo, una vez pasado el momento peor, con el fallecimiento de Amparo, los gestos hacia esa lucha vecinal y de la propia Amparo se siguieron sucediendo en meses y años posteriores, aunque alguno acabara de una manera incomprensiblemente triste. Fue un momento donde la reacción prendió una mecha más grande, quizá por ser una injusticia más incomprensible de lo normal, aunque el tipo de reacción que tuvo el Ayuntamiento ya se había producido de manera similar en otros asuntos que tienen que ver con el derecho a la vivienda y el urbanismo de la ciudad, desde el Cabildo de Arriba hasta la Senda Litoral Norte, pasando por otros derribos, incendios o expropiaciones.

Ahora, con el CSOA La Lechuza, se trata de un lugar donde nadie reside y se llevan a cabo actividades de tipo social y cultural, pero el Ayuntamiento y la constructora parecen querer retirar lo viejo para construir nuevo, pero no muy asequible, a tenor de los precios de viviendas que Robera 2000 vende en esa misma zona de Monte y en Cueto, todas de 425.000 euros para arriba.

Una de las cosas que sí ha cambiado es la calle que desemboca en la rotonda de la Avenida de los Castros hasta la que llega el vial. Esa ya no es Camilo Alonso Vega, sino la calle José Hierro.