El Gobierno regional invierte 4,5 millones en la sede de Alerta, antiguo órgano del Movimiento franquista
El Gobierno de Cantabria adquiere sin concurso público la sede del diario Alerta, una cabecera históricamente vinculada al poder que ha perdido influencia y prestigio desde el fallido intento del PSOE por controlarla en los años 80.
El Gobierno de Cantabria ha aprobado la compra de las instalaciones del diario Alerta, situadas en el barrio del Primero de Mayo de Santander, por un total de 4,5 millones de euros. La operación se ha tramitado de manera exprés, completándose en tan solo 16 días y sin concurso público, mediante una «adjudicación onerosa directa». Este procedimiento, reservado para casos justificados por la singularidad del inmueble, la idoneidad de su uso o la urgencia de la compra, ha servido en esta ocasión para evitar una licitación abierta.
Uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) para justificar la adquisición ha sido el gran número de plazas de aparcamiento del edificio, que permitirán guardar los vehículos oficiales para que no pasen la noche en la calle, según recoge la Memoria de la Consejería de Presidencia.
La explicación oficial sostiene que la compra de la sede de Alerta supondrá un «ahorro» en alquileres, dado que se trasladará allí la Imprenta Regional. Sin embargo, la operación ha despertado sospechas debido a la histórica vinculación del periódico con el poder político y su falta de independencia editorial.
Un periódico siempre al servicio del poder
Fundado en 1937 como parte de la prensa del Movimiento franquista, Alerta nació tras la incautación de la sede y las rotativas del diario republicano El Cantábrico a manos de Falange. Desde entonces, la cabecera fue el principal órgano propagandístico del régimen en Cantabria y se mantuvo como el periódico hegemónico de la región hasta 1991.
Tras la dictadura, los medios de comunicación del Estado fueron privatizados, y Alerta pasó a manos de Canpresa, una sociedad vinculada al PSOE que incluía a empresarios como José Antonio Fernández de Bobadilla o Manuel Rotella, y a políticos socialistas como Jaime Blanco, Luis Saiz Aja o Félix Alberto López Varona. Entre los socios también figuraba Ciriaco Díaz Porras, exdiputado de UCD y actual propietario del periódico.
Mientras tanto, El Diario Montañés, propiedad del Obispado de Santander, que atravesaba una crisis financiera desde finales de los años 70, fue rescatado por un grupo de empresarios vinculados a la UCD, que asumieron sus deudas y tomaron el control de la cabecera.
De este modo, en los primeros años de la Transición, los dos principales periódicos de Cantabria quedaron alineados con los intereses de los partidos mayoritarios: Alerta con el PSOE y El Diario Montañés con la UCD y, posteriormente, con el PP.
La caída de Alerta: huelgas, despidos y un periódico a la deriva
El control del PSOE sobre Alerta resultó efímero. En 1991, una huelga de 105 días estalló en la redacción después de que los trabajadores denunciaran presiones para ajustar la línea editorial a los intereses del partido. El conflicto acabó con el despido de la mayoría de los huelguistas, lo que marcó un punto de inflexión para el diario.
Con la plantilla desmantelada, Díaz Porras tomó el control total del periódico, reduciendo la redacción a la mínima expresión y basando su contenido en teletipos de agencia. Alerta nunca se recuperó de este golpe y comenzó un declive que aprovechó El Diario Montañés para consolidarse como el medio de referencia en Cantabria.
A finales de los 90, Alerta abandonó su histórica sede en el centro de Santander para trasladarse a una nave en el barrio de Peñacastillo, donde ha permanecido hasta la reciente compra por parte del Gobierno de Cantabria.
Una cabecera al servicio de la derecha y la ultraderecha
El los últimos 20 años, Alerta ha girado progresivamente hacia posiciones más conservadoras, primero bajo la órbita del PP y, en los últimos años, con una línea editorial cercana a la extrema derecha.
En la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas de 2011, el periódico rompió cualquier apariencia de neutralidad publicando una portada en la que pedía el voto para el PP. Más recientemente, durante la pasada legislatura, Alerta se convirtió en el principal altavoz de Vox en Cantabria, dedicando una cobertura especialmente favorable a su diputado regional, Cristóbal Palacio. Sin embargo, el periódico ha vuelto a virar en los últimos meses hacia el Partido Popular, adoptando una postura de extrema beligerancia contra los partidos de izquierda.
A pesar de su evidente alineamiento político, la cabecera ha continuado recibiendo financiación pública a través de convenios y campañas institucionales, una práctica habitual en muchos medios de comunicación locales, pero que en este caso se ha traducido en una dependencia casi absoluta del apoyo gubernamental.
Un periódico sin audiencia ni credibilidad
Actualmente, el diario Alerta apenas tiene ventas en los kioscos y su impacto digital es limitado. El periódico sobrevive con una plantilla reducida que se dedica en su mayoría a editar contenidos de agencia. Parte de sus artículos parecen elaborados con inteligencia artificial y sus titulares destacan más por su sesgo ideológico que por su rigor periodístico.
En este contexto, la compra de su sede por parte del Gobierno de Cantabria parece una inyección encubierta de dinero público en un medio que ha servido como herramienta propagandística del poder durante décadas y que sobrevive más por su utilidad política que por su relevancia informativa.