Por la prohibición del glifosato en Cantabria

La reciente condena por un tribunal de EE.UU a la compañía Monsanto-Bayer que le obliga a pagar 300 millones de dólares a un jardinero, debido al cáncer  terminal que sufre tras utilizar herbicidas de la marca que contienen glifosato y con numerosas demandas pendientes por los afectados ha venido a confirmar las sospechas que ya en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y  la Organización Mundial de la Salud, sobre el potencial cancerígeno para las personas del herbicida Roundup de Monsanto, uno de los más populares del mundo  además de dejar al descubierto los esfuerzos de la compañia agroquímica para defender la seguridad de su líder en ventas con comunicaciones corporativas internas destinadas a la manipulación  de la ciencia, de los reguladores y de las Administraciones Públicas, y de los medios de comunicación para difundir una falsa seguridad para los usuarios y relativizar las condenas e indemnizaciones por daños y perjuicios que ha sufrido   

    Por todo ello, la denuncia de  Ecologistas en Acción requiere a las Consejerías de Sanidad y Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y a  la Federación de Municipios de Cantabria que prohiban el uso del glifosato como herbicida por los riesgos que encierra para la salud humana y la biodiversidad aplicando el principio de precaución y prevención  como ya viene haciendo varios Ayuntamientos  en distintas regiones españolas; y que proceda a la realización de estudios exhaustivos sobre la salud humana y los ecosistemas afectados en las áreas rurales y los escenarios urbanos –jardines públicos, parques, áreas infantiles...– más frecuentados o expuestos a los nocivos impactos o la aparición de enfermedades directamente relacionados con la presencia y utilización del peligroso herbicida; una prohibición que debería extenderse a otros plaguicidas como el clorpirifos  dentro del rechazo al argumento promovido por la industria agroquímica de que los plaguicidas resultan necesarios para lograr la seguridad alimentaria que además de ser  inexacto resulta peligrosamente engañoso tal como lo demuestra el Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de 2014 recopilados por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición que encontró hasta 49 agroquímicos en diversas especies de explotaciones frutícolas donde se había aplicado dentro del peligro para la salud de los consumidores como han demostrado diversos estudios  al establecer la relación entre la  exposición a los agroquímicos con el aumento del riesgo de fallecer por enfermedades como el cáncer, la leucemia, el Alzheimer, el asma o por alteraciones en el sistema endocrino, entre otras.

   El rechazo de los ecologistas se suma a las preocupaciones de ganaderos y agricultores –y sobre todo de aquellos más preocupados por la calidad y las denominaciones de origen ecológicas–  por la utilización indiscriminada de una técnica que se ha revelado sumamente peligrosa al no poder diferenciar su alcance e impactos tóxicos en unas áreas donde se intercalan núcleos habitados, instalaciones ganaderas, cultivos frutícolas y hortícolas, aprovechamientos pratenses, pastizales, manantiales y cursos de agua  donde los procesos de bioacumulación van degradando las condiciones ambientales y la seguridad sanitaria de la zona con particular incidencia en torno al Parque Natural de Oyambre,  la Reserva de las Marismas de Santoña y Noja, y otros espacios protegidos o con valores contrastados de carácter ambiental y social al degradarse las condiciones de vida de los seres vivos, la calidad de las aguas y los suelos, y los aprovechamientos sostenibles con la desaparición de los estratos herbáceos y vegetación arbustiva que flanquean las redes viarias, las camberas y caminos rurales, los setos de los paisajes de cercas, o los bosquetes y rodales arbolados en los márgenes de arroyos y mieses

    Ecologistas en Acción propone, en cambio, además del boicot a las distribuidoras del glifosato, volver a técnicas tradicionales de carácter manual –y las fumigaciones terrestres también deberían dosificarse de manera extremada ante su uso abusivo en linderos, cunetas, márgenes de arroyos...–, mucho más eficaces e inofensivas para personas, animales, plantas, aire, suelos y agua, restringir las plantaciones arbóreas de crecimiento rápido con localizaciones mucho más selectivas y exigentes en servidumbres y distancias, y romper su carácter compacto  e intercalar formaciones vegetales autóctonas y mixtas para dificultar la propagación de plagas e incendios, 

  Por último, consideran que la seguridad y calidad alimentarias como garantía del valor añadido de los productos de los aprovechamientos agroganaderos que aún resisten en los municipios rurales son incompatibles con este tipo de actuaciones contaminantes, resultan particularmente costosas, no crean empleo, y causan alarma social al producirse sin que los Ayuntamientos, Juntas y vecinos puedan pronunciarse al respecto o, en última instancia, adoptar precauciones o formular y aplicar alternativas más respetuosas y beneficiosas para sus intereses.