El negocio multimillonario de los pesticidas que se resiste a cambiar

Pocos europeos habrían creído, hace unos meses, que la Unión Europea se vería inmersa en un drama político sobre la regulación de los plaguicidas parecido a House of Cards. Pero esa es la situación en Bruselas desde marzo, cuando la Comisión decidió posponer la presentación del Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, que busca reducir a la mitad su utilización. La Comisión desveló finalmente sus planes el pasado 22 de junio, pero la partida aún no ha terminado.

El aplazamiento se produjo en plena campaña de relaciones públicas de la gran industria química, que cuenta con una fuerte maquinaria de presión, apoyada por la poderosa federación europea de asociaciones de agricultores, denominada Copa-Cogeca.

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la actuación de las empresas y grandes organizaciones del sector. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El asunto es serio y delicado. Esto quedó claro cuando Investigate Europe entrevistó al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, responsable de conducir Europa hacia una transformación verde. El Pacto Verde de la UE tiene su propia estrategia para transitar hacia una agricultura ecológica, denominada De la granja a la mesa. El Reglamento sobre productos fitosanitarios es el primer intento de plasmar esa estrategia en una ley. «Por supuesto, el complejo agroindustrial se moviliza, y tenemos un debate muy, muy enfrentado, como siempre parece que tengo con ellos», confesó Timmermans [puedes leer aquí la entrevista].

El lobby de los pesticidas en Bruselas no es parco en gastos. Según datos de la UE, la multinacional alemana Bayer es el fabricante de pesticidas con mayor presupuesto, más de 4,25 millones de euros al año. Sólo Google, Facebook y Microsoft destinan más dinero anual a labores de cabildeo.

Bayer, BASF, Corteva y Syngenta son las mayores empresas de pesticidas del mundo. Aunque son competidoras, las compañías aúnan esfuerzos a la hora de hacer lobby, de forma que impulsan y financian la actividad del grupo de presión Crop Life. Esta organización financió un estudio académico de la Universidad de Wageningen, publicado en 2022, en el que se concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa «darán lugar a una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE de una media del 10 al 20%».

Las empresas competidoras están presionando en Bruselas de forma unida, según Nina Holland, investigadora de Corporate Europe Observatory, una ONG que ha publicado varios informes sobre la industria de los pesticidas y los lobbies. «Todos presionan para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas en materia de evaluación de riesgos o para que se pospongan determinadas medidas. Si se observan estas organizaciones, se puede ver que Bayer, BASF, Corteva y Syngenta ejercen su liderazgo», sostiene Holland.

Sembrar la incertidumbre

Copa-Cogeca también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, declaró a Investigate Europe que su organización «apoya los principios» de la reducción de pesticidas. Pero, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para sembrar la incertidumbre entre los eurodiputados sobre los efectos de la nueva legislación. Copa-Cogeca identificó varios estudios realizados por agrónomos que defendían posiciones cercanas a las de la industria, así como un análisis crítico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Copa-Cogeca se ha reunido en 26 ocasiones desde 2019 con los comisarios europeos o su equipo para tratar estos temas. Crop Life Europe ha mantenido 12 reuniones. Bayer, BASF, Syngenta y Corteva tuvieron en total 69 reuniones, una media de dos por mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

«Creemos que los objetivos obligatorios, como tales, no son realistas, son objetivos que van a ser muy difíciles de alcanzar. Y podrían tener consecuencias negativas no deseadas», advierte Anika Gatt Seretny, portavoz de Croplife Europe.

Investigate Europe solicitó entrevistas con los cuatro gigantes de los pesticidas: Bayer, BASF, Syngenta y Corteva. Los dos últimos no respondieron a la solicitud, mientras que Bayer y BASF declinaron las entrevistas. Bayer envió una declaración genérica y BASF aceptó responder a preguntas escritas.

BASF reconoce el deseo de la sociedad de reducir la dependencia de los plaguicidas, y entiende por qué la Comisión de la UE quiere una reducción del 50% en el uso y el riesgo de los plaguicidas para 2030, asegura Holger Kapp, del departamento de relaciones con los medios. Pero añade: «La cuestión clave es cómo se hará esto. Estos ambiciosos objetivos por sí solos no reducirán la necesidad de protección de los cultivos en un 50%, así que habrá que hacer algo en su lugar. No vemos sentido cuestionar el Pacto Verde o la estrategia De la granja a la mesa, pero sí vemos la necesidad de encontrar formas que hagan que la agricultura sea más sostenible y respetuosa con el clima mientras el suministro de alimentos en Europa y otras partes del mundo sigue asegurado».

Los Gobiernos tendrán la última palabra sobre el Reglamento de plaguicidas en el Consejo de la UE y, a nivel estatal, los intereses de las asociaciones de agricultores y de la industria de los plaguicidas también son notorios. En Francia, el ministro de Agricultura del primer gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el jefe de esa federación lo elogió públicamente en Twitter como un «buen portavoz de la causa». El antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se incorporó recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como jefe de relaciones públicas.

Un mercado global

El negocio también es grande. En 2019, el mercado de los plaguicidas facturó 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se comercializaron en Europa. Las cuatro grandes empresas controlan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer, cuyo negocio global de «protección de cultivos» registró unos ingresos de más de 20.000 millones el año pasado. Luego vienen Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por una empresa estatal china; Corteva, fundada por DuPont y Dow en Estados Unidos, y otro gigante químico alemán, BASF.

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de cinco fondos de inversión estadounidenses: Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity. Estos también poseen entre el 10% y el 30% de las principales empresas alimentarias mundiales, como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Sin embargo, la facturación combinada de los cuatro principales fabricantes de pesticidas cayó de 46.000 millones de dólares en 2014 a 40.000 millones en 2020. Esto se debió principalmente al aumento de las ventas desde China de productos químicos genéricos, según estudios de mercado.

Las multinacionales han respondido a la pérdida de cuota de mercado centrándose en parte en la comercialización de semillas transgénicas, modificadas genéticamente para que sean inmunes a los pesticidas.

Aunque un pesticida químico esté prohibido en la UE, ello no impide que pueda producirse y exportarse. Así que los venenos prohibidos en la UE, y las semillas tratadas con ellos, pueden venderse a países donde todavía están autorizados. Y puede tratarse de países que también exportan productos agrícolas a la UE. Esta es una queja de casi todos los agricultores con los que habló Investigate Europe: la UE debería aplicar las mismas normas europeas a los productos agrícolas importados de Brasil, Chile, Marruecos o cualquier otro lugar.

No es de extrañar que los cambios en la agricultura sean tan discutidos en Bruselas: la Política Agrícola Común (PAC) es la mayor partida del presupuesto de la UE. Representa el 31% del presupuesto total en 2022, lo que equivale a 53.100 millones de euros. Sin embargo, los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media –sin contar las subvenciones–, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

La estrategia De la granja a la mesa quiere que todos los países aumenten la agricultura ecológica hasta alcanzar una cuarta parte de las tierras cultivadas en 2030. Hoy en día, la agricultura sin pesticidas químicos ocupa sólo una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. Representa el 8,5% de media en la UE. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España está en el 10%.

Inquietud por la guerra de Ucrania

En los próximos meses, la primera propuesta legal de ese plan –el objetivo de reducción de plaguicidas– va a ser objeto de batalla política.

Los grupos de presión contrarios a la estrategia señalan en particular los riesgos que una política restrictiva en el uso de pesticidas conlleva para la seguridad del abastecimiento alimentario en Europa. Los críticos con el Reglamento sobre productos fitosanitarios hablan de una posible crisis alimentaria, principalmente con el argumento de que la invasión rusa de Ucrania creó un problema de abastecimiento de grano.

Este argumento ha llegado a varios despachos de parlamentarios europeos y funcionarios de Bruselas, a pesar de que la UE es un exportador neto de alimentos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), ningún Estado de la UE se encuentra entre los 50 países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas de trigo.

Los intereses de determinados grupos buscan asustar a los agricultores haciéndoles creer que las políticas De la granja a la mesa les costarán su sustento, denuncia el vicepresidente de la UE Frans Timmermans. «Pero estoy profundamente convencido de que si no hacemos lo que proponemos, dentro de 10 o 15 años el problema de la biodiversidad será tan grave que la agricultura no será sostenible en Europa. Y entonces sí que tendremos una crisis alimentaria en Europa.», replica.

Mientras el lobby de los pesticidas sigue extendiendo su alcance a todos los rincones del sector agrícola y de la vida política europea, muchos agricultores de a pie se sienten atrapados. Dependientes de los plaguicidas para mantener los niveles de producción, aunque con rendimientos cada vez más escasos, confían en que lleguen soluciones que les saquen del laberinto. Esperan noticias de Bruselas.