Colectivos vecinales contradicen a las empresas promotoras del PE El Escudo: la mayoría absoluta de juntas y concejos lo han rechazado
Los colectivos vecinales de los valles de Cantabria han querido salir al paso de la reciente publicación de un comunicado por la promotora Biocantaber SL (Iberdrola, Ocyener y Banco Santander), en el que afirmaban que “Las juntas vecinales apoyan mayoritariamente la instalación del parque eólico de El Escudo”. En concreto, son 8 las entidades locales menores afectadas por el proyecto: las juntas vecinales de San Andrés de Luena, Resconorio, San Miguel de Luena y La Riva y el Concejo Abierto de San Miguel de Aguayo han acordado rechazar el polígono eólico, mostrando además su oposición expresa a ceder la ocupación de sus terrenos comunales. Por su parte, las juntas vecinales de La Población y San Martín de Quevedo no se han posicionado aún al respecto. Únicamente la de Lanchares apoya el proyecto.
“Un octavo dista mucho de ser mayoría, y este tipo de prácticas desinformativas da buena idea del escaso rigor y la mala fe que tienen estas empresas que amenazan nuestro territorio”, señala Mónica González, vecina del afectado Valle de Luena.
Estas empresas necesitan la autorización de los concejos y juntas vecinales, legítimos propietarios de los terrenos. Como no la han conseguido, ofrecen todo tipo de promesas compensatorias, pero los vecinos han decidido no hipotecar así su presente y futuro. Por ello, ahora persiguen que el Gobierno autonómico, consciente de la oposición de las juntas y concejos, pase por encima de la voluntad democrática de los habitantes del territorio, y desinforman a la población cántabra para allanarle el camino.
El Gobierno de Cantabria, las consejerías de Industria, Medio Ambiente y Obras Públicas, están promoviendo la declaración de “interés general” del proyecto de polígono eólico, para tratar de pasar por encima de las juntas y concejos vecinales. Pero, con las elecciones a las puertas y otro caso de corrupción dado a conocer recientemente, les va a resultar muy difícil justificarlo. Es por ello que ahora buscan desinformar a la población, que mayoritariamente les ha dicho que no, en concejos, juntas, ayuntamientos... como perdieron todos los referendos vecinales allí donde se convocaron.
“Proyecto Singular de Interés Regional” ya declararon, para tratar de saltar sobre toda la normativa y legalidad vigentes, la “Ciudad del Cine” de Cuchía. ¿Dónde estaba el interés público? ¿Dónde está el interés general en que unas empresas expolien nuestros montes para su beneficio? Años después, la Ciudad del Cine no se ha hecho y su promotor ha sido condenado a tres años de prisión por el Tribunal Supremo.
“Revilla, el Gobierno de Cantabria, tiene que decidir entre la voluntad manifiesta de la mayoría de las juntas y los concejos, dueños legítimos del territorio, y el interés particular de unos empresarios que han demostrado no decir la verdad, confrontar gravemente con el interés general”, ha planteado Mónica González.