La CNT denuncia la explotación a las cuidadoras de mayores y dependientes

La CNT denuncia la explotación a las cuidadoras de mayores y dependientes

La precariedad y la explotación ha obligado a las trabajadoras de asistencia domiciliaria UTE QSAD zona 3, empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio dependiente del gobierno de Cantabria, a formar una sección sindical de CNT. Este servicio, cubre desde apoyo en la higiene personal o apoyo en la movilización dentro del hogar a la preparación de comidas… es esencial para mayores y grandes dependientes.

La empresa adjudicataria del servicio desde el 15 de diciembre 2015, la UTE QSAD zona 3, pretende hacer una nueva Modificación Sustancial de las Condiciones de trabajo al cambia el sistema de turnos llamado 6/2 ( se trabajan seis días y se descansan dos) al 4/2 ( se trabajan cuatro días y se descansan dos) lo que en la práctica supone una reducción 22 días laborales al mes a 20 al mes, lo cual hará que se deban a la empresa de 1 a 4 días que podrá asignar en día de vacaciones o de descanso. Tampoco disfrutarán ya de la compensación de 14 festivos que se verán reabsorbidos por los descansos semanales, y la compensación de exceso de días al caer los descansos en domingo y lunes también desaparece. Además, la empresa se arroga la facultad de adelantar o atrasar la hora de entrada o salida de la trabajadora en hora y media.

Concretando, trabajarán más por menos, porque “lo que antes trabajábamos en 6 días lo deberemos hacer en 4, aumentando las horas diarias pero no así las horas en el contrato ni sueldo, y desconociendo qué repercusión tendrá en las cotizaciones a la Seguridad Social, con aumentos de desplazamientos y  gastos de kilometrajes que no son prácticamente abonados”, explica Concepción Lastra, delegada sindical de CNT.

Historial de precarización por subcontratación

Este dramático empeoramiento de condiciones se debe a la subcontratación de este servicio del ICASS. El gobierno regional creó la empresa pública EMPREDINSER en 2008 con el fin de prestar el servicio de ayuda a domicilio derivado de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma, con unas condiciones de trabajo estable y dignas, con un salario medio de 500 euros mensuales, cuando en el sector privado se cobraba una media de 300 euros.
Desde el 2009, sin embargo, ya era conocida la intención del gobierno (PRC-PSOE) de privatizar esta empresa Pública. Sólo se vieron afectadas por el proceso las auxiliares de ayuda a domicilio, mientras que los altos cargos mantuvieron sus sueldos.

Para generar unas condiciones más ventajosas para las empresas, el ICASS cambia el convenio en 2011, situación que allanó una adjudicación ventajosa para las empresas.

Desde la privatización de la empresa pública EMPREDINSER, no solo se han precarizado las condiciones sociolaborales de las trabajadoras, sino también la calidad del servicio por constantes cambios de horario y de auxiliar que tienen que sufrir los usuarios.

GARBIALDI fue la primera empresa adjudicataria del servicio desde junio de 2011 hasta diciembre del 2015, se retrató ante las trabajadoras con su primera medida: obligar, bajo amenaza velada de despido, a las trabajadoras a firmar reducciones de jornada. Con la (falsa) excusa de que la plantilla estaba sobredimensionada, muchas trabajadoras pasaron de poseer un contrato indefinido a tiempo completo a otro a tiempo parcial. El resultado es que muchas quedaron con jornadas ínfimas reconocidas, pero teniendo que trabajar más horas de las contempladas en el contrato, exceso que cobraban cada 6 ó 8 meses.

Explotación generalizada

 “Quiero recalcar, que es el mismo gobierno del PRC- PSOE que nos privatizo en el 2011, ahora vuelve a sacar a licitación el servicio para 2019: de ahí las prisas y las modificaciones de la empresa QSAD para tener allanado el camino al precarizar aún más las condiciones de trabajo, y así poder optar a la subasta en condiciones más ventajosas. Todo con la bendición del gobierno regional”, afirma Concepción Lastra delegada sindical de CNT.

En general, en todo el Estado estallan los conflictos derivados de la privatización del servicio de asistencia domiciliaria, y algunas localidades pioneras, como Albolote, muestran que retomar la gestión pública del mismo asegura un mejor servicio, mejores  condiciones laborales y un ahorro en las arcas públicas, arrojando superávit. Por todo ello, en  diversos lugares se  discute su remunicipalización, y esta semana la Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio ha denunciado en el congreso la precariedad con la que desarrolla el servicio.