Campaña por la defensa de la vivienda, contra los desahucios y la represión

 

Esta campaña por la defensa de la vivienda, contra los desahucios y la represión nace a raíz de los hechos acaecidos el 13 de julio en El Astillero. Como muchas ya sabréis, ese día se paró el desahucio que implicaba la expulsión de su casa de Lilian y su familia.

Durante el desarrollo de los acontecimientos la familia se mantuvo en su domicilio, mientras las personas manifestantes nos encontramos con un dispositivo de la Guardia Civil que nos impedía acceder al portal y, por lo tanto, a la vivienda. Además, habían vallado previamente la zona de acceso al edificio. En las anteriores convocatorias para parar desahucios en Cantabria no se había visto nunca un despliegue policial de esta envergadura. La tensión y la naturaleza del dispositivo tuvieron consecuencias represivas para quienes participamos en la concentración.

Todo transcurría con relativa tranquilidad hasta que llegó el cerrajero y las personas allí reunidas tratamos de bloquear el acceso, lo que derivó en empujones y porrazos por parte de la Guardia Civil. En medio de este revuelo agarraron a un compañero y le arrastraron adentro del portal, donde el resto no podía ver lo que le estaba ocurriendo. Allí le golpearon, insultaron y humillaron (le llamaron «hijo de puta» y «maricón»). Posteriormente, ante la incertidumbre, la impotencia y la preocupación porque no lo soltaran, un compañero pateó una valla y la tiró al suelo. Ese día hubo identificaciones directas y visuales. Unos días después, la Guardia Civil localizó a tres compañeros y les exigió que acudiesen al cuartel de Peñacastillo. A uno de ellos se lo llevaron en plena calle, después de localizarlo en una concentración realizada frente a la Delegación del Gobierno en Santander en la cual se denunciaba la actuación de las fuerzas de seguridad unos días antes.

Unos meses más tarde, los dos compañeros llamados a declarar acudieron a la cita el pasado 9 de noviembre en los juzgados de Salesas al calor de una concentración de apoyo convocada por esta campaña. Ambos están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos de atentado a la autoridad y “lesiones leves contra agentes de la Guardia Civil. Asimismo, existe un tercer investigado por la supuesta organización de la paralización del desahucio.

El próximo paso será realizar por el juzgado de instrucción el ofrecimiento de acciones a los activistas denunciantes. Recordemos que dos de los activistas presentes en la movilización presentaron sendas denuncias contra dos guardias civiles: uno por las agresiones que sufrió en el portal y el otro por haber recibido un porrazo. Una vez efectuado el ofrecimiento de acciones, la instrucción continuará por los trámites del procedimiento abreviado.

Recordamos también que, además de las dos personas que fueron a declarar, existe otra que también está a la espera de recibir una posible notificación. A las denuncias presentadas contra estos tres compañeros, se suman las multas (sanciones administrativas) contra otras personas denunciadas por haber proferido insultos.

Estas son, de momento, las consecuencias represivas de lo que sucedió el 13 de julio. Ese día el desahucio se paró, pero lo cierto es que el pasado mes de octubre una nueva ofensiva hizo que Lilian y su familia entregaran las llaves y finalmente perdieran la casa en la calle Miguel Hernández.

JUNTAS LO PARAMOS TODO ¡NI DESAHUCIOS NI REPRESIÓN!

Visto lo visto sólo nos queda afrontar la represión en colectivo. Independientemente de quiénes sean llamados a juicio, la campaña de apoyo tiene unas necesidades que quiere comunicaros a los colectivos sociales y a las personas que podáis acceder a esta información, residáis en Cantabria o en otros lugares.

Una de ellas es aprovechar el mal trago que implica la represión (con consecuencias emocionales, sociales, económicas, etc.) para hacer de altavoz de nuestras luchas sociales, donde por supuesto están cuestiones como el acceso a la vivienda y la paralización de los desahucios.

La segunda es la de generar una caja de resistencia mediante actividades y un n.o de cuenta/firefound para hacer frente a los gastos judiciales, así como los que tienen que ver con la difusión de la campaña.

NUESTROS OBJETIVOS:

A la hora de hacer actividades y organizar acciones, nuestros objetivos se resumen básicamente en defender la necesidad de todas las personas a acceder a una vivienda.

Para ello consideramos importante abordar los siguientes objetivos parciales:

- Deslegitimar la campaña antiokupación perpetrada por los medios para elegir un chivo expiatorio y señalar un nuevo enemigo interno al que poder culpar de las consecuencias que empieza a dejar la crisis actual. Unas consecuencias que se suman a las que nos dejó durante todos estos años la anterior crisis de 2008 y que se resumen en la oleada de desalojos, desahucios y represión que está por venir

- Visibilizar el trabajo cotidiano de colectivos de vivienda, sindicatos de inquilinos, plataformas de afectados por las hipotecas, etc.

- Señalar a los verdaderos responsables de echar de sus hogares a la gente. Ni pobres, ni precarias ni okupas, sino jueces, policía, bancos y fondos de inversión.

- Dar a conocer a la población la represión contra los movimientos en defensa de la vivienda y

concretamente el caso que ocupa a esta campaña.

¿QUIÉNES SON REALMENTE LOS QUE NOS DEJAN SIN HOGAR?

En 2019 hubo más de 600 desahucios en Cantabria. En el caso del Lilian y su familia, finalmente desahuciadas, la actuación fue promovida por el fondo de inversión Desarrollos Las Peñicas, ligado estrechamente a Liberbank. No hay banco que se libre de ser responsable de echar a la gente de sus casas, pero en esta campaña nos gustaría señalar concretamente a esta entidad, ya que nos ha tocado de cerca.

En 2016 nos enteramos de que este banco utilizaba la táctica del «desahucio silencioso» a través del caso de una pareja de Santander a quienes les cambiaron la cerradura de su casa sin previo aviso.

El 10 de abril de 2019 la Pah y Stop Desahucios hablaban de más de un centenar de familias afectadas por Liberbank, cuyas sociedades instrumentales eran y son Desarrollos Las Peñicas y Beyos y Ponga. Entre 2015 y 2016 Liberbank firmó cientos de alquileres a tres años y hoy en día las consecuencias se están pagando.

El 2 de abril de 2020 un miembro de la PAH de Torrelavega, vecino de Los Corrales de Buelna, se suicidó. Él y su pareja estaban pendientes de un proceso de ejecución hipotecaria, una vez más, iniciado por Liberbank. Las plataformas de afectados gritaron «No son suicidios, son asesinatos».

Puedes conocer más acerca de nuestra campaña en

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