Carta "contra la expropiación de niños por las instituciones"

 

Queridas amigas y amigos, os dejamos con una carta de Enrique Martínez Reguera, con un análisis y una propuesta concreta de futuro.

Queridos amigos de la Plataforma Jade, de los vecinos de La Fresneda en Asturias y de la Plataforma Libertad para W, de los vecinos de Astillero de Santander:

Muchas personas piensan, pensamos, que urge crear una Organización de ámbito estatal, contra la Expropiación de Niños por las Instituciones.

 

Hace unos meses defendimos en público los intereses de una criatura, que había sido arrebatada a sus papás por las Instituciones. Los servicios jurídicos de aquella Comunidad nos denunciaron ante un Tribunal bajo el supuesto de que les atribuíamos el haber “robado” ese niño. El juez no encontró la denuncia suficientemente motivada y archivó el asunto. Pero entiendo que el asunto es demasiado serio como para pasar de largo, por temor a represalias.

 

Está tan interiorizado en el inconsciente de la sociedad que cuando el Estado arrebata un niño a una familia lo hace para protegerlo, que mucha gente no soporta escuchar palabras como “robo”, “secuestro” o “tráfico”, si van dirigidas a Instituciones de “Protección de Menores”, públicas o privadas.

 

La palabra “robar” tiene usos muy diversos (por ejemplo, cuando decimos “robarle horas al sueño”) por eso su significado puede resultar equívoco. En su acepción jurídica “robar” implica una infracción a la ley, un delito. Pero en su acepción popular, avalada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “robar” significa “tomar para sí lo ajeno, de cualquier manera”. Describe por tanto “un hecho”, sin necesidad de entrar en disquisiciones jurídicas.

En este sentido, si a unos padres les arrebatan su hijo, podrán clamar ¡con toda la razón del mundo! que les han “robado” o “secuestrado” a su niño, y no tienen por qué hacerlo en lenguaje jurídico, sino desde su atroz dolor y desde el sentir más común. Desde lo que sentimos el común de la gente cuando no estamos embotados.

Yo no soy jurista, pero sé que la Administración acomete ciertos “hechos terribles” sin contravenir ninguna Ley, porque para eso entre otras cosas se ha promulgado la Ley de protección Jurídica del Menor: para poder hacerlo “impunemente”. También entrecomillo esta palabra “impunemente” porque con ella quiero insistir en lo mismo, en que lo hacen sabiendo que no les acarreará ningún castigo, al no haber delito. Por inhumano que en otros órdenes el “hecho” sea.

Cuando hablo de “robo” de niños ya sé que en un sentido estrictamente jurídico es rotundamente falso. Pero en el sentido real de los “hechos”, en el sentido que le otorga el diccionario, es un hecho palpable, innegable, atrozmente verdadero. Y no tengo por qué expresarlo con disquisiciones jurídicas por la sencilla razón de que no soy jurista ni quiero meterme en esos berenjenales. Pero esto tampoco me debe impedir expresar con todo el coraje de mi alma, como persona con sensibilidad humana, que aludo a un “hecho” real y realmente atroz.

Asimismo quiero advertir, que si en alguna ocasión a ese tipo de “hechos” le aplicásemos la palabra “tráfico”, la emplearíamos en el mismo sentido en que lo vengo haciendo: es un “hecho” que el Estado invierte cantidades desmesuradas, supuestamente en esos niños, pero semejante dispendio ¿lo hace para que esos niños vivan a cuerpo de rey, o lo hace más bien para pagar a un batallón de “especialistas” en manejar conceptos tan fácilmente manipulables como el del “interés superior del menor”? ¿En base a qué criterios, valores o principios, los supuestos “expertos” se atreven a garantizar que lo mejor para una criatura, es separarla de sus papás? ¡Tanto hablar del Derecho Superior del Menor y les basta cualquier pretexto burocrático para desviar su cauce!

 

Os imagináis el cataclismo interior de un niño de tres o cinco años, a quien sus papás dejaron muy de mañana en la guardería con un beso enorme en la mejilla, y de repente horas después aparecen dos sujetos desconocidos, que se llevan a la criatura contándole que los papás enfermaron o son peligrosos o ve tu a saber qué otra milonga. Tratad de imaginar las vivencias del pequeño y tratad de imaginar que le ocurriese a un hijo vuestro. Si el chaval oyó alguna vez la palabra “secuestro” ¿podrá dudar de lo que le ocurre?; a él, que tampoco dispone de excesivo bagaje jurídico para digerir lo que le están haciendo.

¿Será normal que el derecho positivo pisotee hechos tan reales y palpitantes del orden natural, del derecho natural?

Sospecho que si a mí, las Instituciones, me “desaparecieran” un hijo, llenaría la ciudad de pasquines con su foto y el texto: “¡Desaparecido! Gratificaré a quien nos de alguna pista”. Y si sólo me lo dejaran ver bajo vigilancia, denunciaría a los fisgones por pisotear nuestra intimidad y ciscarse en la privacidad.

 

Por otra parte, en bastantes casos se trata de niños procedentes de países, del mal llamado tercer mundo, que no tienen acuerdos con el nuestro en asunto de Menores. ¿Cómo es posible que no se originen conflictos diplomáticos? ¿Si será que sigue en vigor la ley del más fuerte?

 

Los niños tienen vivencias, memoria, identidad, biografía; nunca son como una prenda de vestir que se cambia de colgador sin que nada se altere. Un lingote de oro es intercambiable por otro; una persona jamás lo es por otra persona; una madre, unos recuerdos, jamás lo son por otros.

Yo siempre he dicho que a un niño nunca le sobran los apoyos de nadie, sean padres biológicos, de acogida, de adopción o vecinos simplemente. Lo aberrante es que las Instituciones procuren que los progenitores y los cuidadores se ignoren o se enfrenten y se lo disputen, como si se tratara de apropiarse de una finca. Sanear a un niño es sanear a los suyos, no amputárselos.

¿No convendría que los ciudadanos empezásemos a advertir a “adoptantes” y “acogedores” que tal vez les estén entregando un niño que ha sido arrebatado a unos padres que lo quieren y que no están dispuestos a cederlo. No convendría que para hacerse cargo de una criatura, los “adoptantes” o “acogedores” jamás lo hiciesen sin antes tratarlo directamente con los progenitores; para luego formalizarlo en las Instituciones?

La noción de “pertenencia” no tiene mucho que ver con la noción de “propiedad”. Ojalá los que legislan sobre custodia y adopción de niños quisieran por fin entenderlo. Tener sentido de “pertenencia” no es saberse propiedad ni propietario de nadie. No se es miembro de una familia, en sentido fuerte, porque lo certifique una autoridad o un documento; sino por haber interiorizado a determinadas personas desde el nacimiento o desde antes de nacer, haberlas en cierto modo digerido y asimilado hasta formar parte de la propia consistencia.

¿Sabéis que porcentaje de niños, cuando llegan a la adolescencia, son devueltos a la Institución pese a haber sido adoptados?

 

Con todo mi respeto.

 

Enrique Martínez Reguera

9 de junio de 2015