Entrevista a un miembro de la plataforma STOP Desahucios de Santander

Comencemos con una breve presentación: ¿Cómo surgió la plataforma y cuáles son vuestros objetivos?
La Plataforma STOP DESAHUCIOS surgió en 2014 como escisión de la PAH de Santander, que se produjo por motivos de tipo político y también debido a diferencias personales entre los distintos miembros de la PAH.
Nuestro objetivo principal es luchar por el derecho a la vivienda, que no es respetado en este país, a pesar de estar reflejado en el artículo 47 de la Constitución. Cabe destacar que no estamos centrados en el tema de las ejecuciones hipotecarias, ya que apenas hay casos en la actualidad. La mayoría de los casos a los que nos enfrentamos son desahucios por impagos de alquiler o desahucios en precario, así como casos de desahucios a personas que están ocupando una vivienda.
Nuestras movilizaciones tienen como objetivo principal paralizar los desahucios de las personas afectadas, pero también repercutir en los medios de comunicación, mostrar que el problema de la vivienda está de actualidad, que hay mucha gente que lo pasa mal, que no tiene recursos para acceder a una vivienda digna y que, por tanto, hay que promover cambios políticos y sociales para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

¿Qué balance haces de todos estos años de actividad de la Plataforma?
Como puntos positivos podemos decir que la Plataforma ha tenido mucha influencia social y mantiene la sensibilización sobre el tema de la vivienda. En cuanto al objetivo de lograr cambios políticos, los resultados han sido bastante pobres. Aunque ha habido algunos partidos políticos que han recogido las preocupaciones de los colectivos que luchan por la vivienda, a nivel de cambios legislativos, que es lo realmente importante, no se han producido muchos avances. Y es que, entre los intereses de los bancos y las necesidades de los ciudadanos, los políticos normalmente optan por favorecer a los primeros.

¿Cómo funcionáis internamente en el día a día y quiénes conformáis la Plataforma?
Funcionamos de forma asamblearia y nos reunimos cada quince días, momento en el que vemos los nuevos casos que hay y hablamos de cómo enfocar cada situación, planteando las acciones que queremos hacer, etc. También hay mucho trabajo que hacemos diariamente, acudiendo a los juzgados por ejemplo.
Un problema que arrastran los colectivos por la vivienda es que se han visto mezclados con intereses políticos (de tipo partidista), lo que ha producido que sean vistos con rechazo y que muy poca gente quiera militar en ellos. La consecuencia de ello es que la Plataforma está compuesta casi al 100% con gente que sufre directamente el problema de la vivienda, que no puede pagar el alquiler o la hipoteca y que está en riesgo de ser desahuciada. Personas en situación de pobreza y de exclusión social que generalmente coincide que no tiene estudios superiores o los conocimientos suficientes para poder defenderse. En cambio, faltan activistas, gente que tenga ciertos conocimientos de Derecho (muy necesarios para tratar la cuestión de la vivienda), que sepa cómo leer unas escrituras, un contrato de préstamo, etc. Documentos que utilizan un lenguaje que están hechos precisamente para que el ciudadano de a pie no pueda acceder fácilmente a esa información. Aunque luego te das cuenta de que la mayoría de su contenido se podría explicar con un lenguaje sencillo y entendible por cualquiera, sin necesidad de haber pasado por la Universidad.

¿Cómo es vuestro trato con los medios de comunicación?
En general la relación es buena. Como decía antes, todavía hay una cierta sensibilidad social, a pesar de que intentaron cargársela en su momento. Aunque también está el tema de la “carnaza”, el hecho de que los medios buscan espectáculo, y eso es algo que te ofrece un caso de Stop Desahucios, con niños llorando, madres sufriendo, gente violentada, policía que a veces pega… Un movidón que atrae mucho. Pero, en la medida en que somos un colectivo de apoyo mutuo, de ayuda a un sector muy jodido, no se nos ve con tan malos ojos. Aunque a veces hay bancos que utilizan su influencia para criminalizarnos, pero curiosamente ante casos de desahucios en viviendas de particulares, que están peor vistos en la opinión pública. En ese sentido, somos muy cuidadosos y valoramos cuándo visibilizar según que caso. Hay que tener en cuenta que hay pequeños propietarios que también están en una situación económica jodida, que dependen de su renta para subsistir, todos conocemos algún caso personalmente. Esto supone obviar el tema de la crítica a la propiedad y del capitalismo. Aunque también es criticable el hecho de que haya gente que viva de la vivienda cuando es un derecho tan restringido, lo que en cierto modo no deja ser una forma de contribuir a perpetuar el sistema. Pero, como digo, hay que tener en cuenta la situación de todas las personas implicadas en estos casos.

¿Habéis sufrido represión, ya sea a nivel judicial o policial?
Sí que hemos tenido varias denuncias, aunque no multas. Hemos sufrido violencia por parte de la policía, sobre todo a raíz de un cambio que ha habido en la jefatura de antidisturbios. Hemos sufrido agresiones y hemos tenido que presentar denuncias. Pero lo que más sufrimos son abusos judiciales. Policía entrando en casas sin orden judicial, desalojos ilegales… Se producen más abusos judiciales que policiales, que pasan más desapercibidos, son más invisibles. Aunque hay que decir que se lo ponemos complicado porque para defendernos nos amparamos en nuestros conocimientos del derecho. Por ejemplo, cuando vienen a desalojarnos nos atrincheramos todos en el portal, y ahí no pueden entrar sin orden, ya que es propiedad privada y necesitan permiso de la Comunidad de Vecinos o de un juez.

La cuestión de los desahucios se visibilizó sobre todo a partir de la crisis de 2008. Sin embargo, los desahucios dejaron de aparecer en la prensa dando la sensación de que ya no se “producían”. ¿Cuál es la realidad?
Están por un lado los intereses de las entidades bancarias, fondos buitre y demás que tienen muchas viviendas vacías en sus manos (los datos no son públicos, pero se estima que acaparan el 60% de las viviendas vacías), y que, por tanto, no quieren que se hable del tema. Pero también hay que tener en cuenta que los desahucios afectaron durante una época a mucha gente procedente de la clase media, que tiene cierta capacidad de influencia en la sociedad y en los medios. Ahora en cambio, la gente afectada es sobre todo por impago de alquiler, gente que no tiene vivienda en propiedad y en general es mucho más pobre.
Pero el tema sigue ahí, seguimos estando en crisis, y en Santander, según un informe reciente de Cáritas, el 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. No es normal que se tenga que destinar el 40% del salario, o más, a pagar la vivienda. Aunque también es cierto que se lleva hablando del tema muchos años, y la gente se va acostumbrando y lo normaliza. Cabe decir que antes también se producían desahucios por impagos de alquiler, aunque muchos menos que ahora. Otra explicación de por qué apenas se producen desahucios por hipotecas es que entre 2015 y 2017 ha habido varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando nulas las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas, lo que ha permitido paralizar muchos procedimientos judiciales.

Da la sensación de que no podemos confiar en que sean los políticos los que mejoren esta situación…
Ciertamente a nivel estatal no parece que se vayan a producir muchos cambios legislativos. Pero en las comunidades autónomas sí que hay cierto margen de actuación y en algunas sí que se ha legislado al respecto. Se puede legislar sobre cuestiones como la vivienda vacía, permitir que los ayuntamientos puedan imponer sanciones subiendo el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o que lleven a cabo expropiaciones, como está empezando a ocurrir en Cataluña, por ejemplo. Aunque luego es verdad que estas medidas se aplican de forma muy tímida. Son leyes que necesitan estar acompañadas de herramientas jurídicas que no existen, que los procedimientos judiciales y administrativos sean ágiles. Las multas, las sanciones, las expropiaciones… son medidas de cara a la galería porque no se aplican a la mayoría de la población. Lo primero que habría que hacer es que el artículo 47 se aplicara de forma obligada, para evitar que una familia pueda ser desahuciada. Pero todo es muy cosmético, de cara a la galería. A nivel local, podemos afirmar que los del Ayuntamiento de Santander son unos delincuentes, es una vergüenza. Hemos tenido que denunciar el comportamiento de la jefa de Servicios Sociales (que es un cargo político nombrado a dedo, no una funcionaria) que ha provocado un desahucio por su incompetencia. El trato con el Ayuntamiento es malísimo.
Pero nosotros somos un parche, no tenemos capacidad de cambio, solo de influir en que haya cambios sociales y políticos. Muchos colectivos por la vivienda hacen el paripé de reunirse con los partidos políticos para que incluyan sus propuestas en sus programas electorales. Pero ya sabemos que son los bancos los que financian a la mayoría de los partidos políticos, con lo cual no van a legislar contra la mano que les da de comer.

Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Un referente en ese sentido puede ser la Federación Anarquista de Gran Canaria (que ha impulsado a su vez el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria). Una organización que se volcó en el tema de la vivienda, paralizando desahucios, al igual que hacéis vosotros, pero que ha ido un paso más allá, okupando bloques enteros de viviendas para realojar a familias y personas que se encontraban en la calle por haber sido expulsadas de sus casas o no tener recursos para a acceder a una. Para que nos hagamos una idea del alcance de sus acciones, esta organización, mediante la acción directa, ha impulsado más de 100 expropiaciones de viviendas y realojado a unas mil personas…
La práctica de la ocupación está a la orden del día en nuestra ciudad. Y eso sí que no sale en los medios, o si lo hacen es para hablar de narcopisos y criminalizarla. Pero estamos hablando de ocupación con c, que es por necesidad, diferenciada de la okupación con k, que ya tiene cierta connotación política. Nosotros no abogamos por las ocupaciones, pero si se acerca alguien interesado en ocupar le asesoramos, le decimos qué implicaciones tiene a nivel legal. Y recomendamos que se ocupen viviendas de bancos, no de particulares. Pero que la gente se eche las manos a la cabeza por la ocupación con todas las viviendas vacías que hay… es bastante hipócrita. Está claro que frente al derecho a la vivienda prima el derecho a la propiedad, con mucho margen de diferencia.
En cuanto a lo que comentas de politizar la práctica de la ocupación, como lo hace la Federación Anarquista de Gran Canaria, creo que necesitamos un número importante de personas concienciadas, un movimiento okupa que no existe. Ahora lo que hay es un sector social que por necesidad lleva a cabo ocupaciones, pero no es un sector reivindicativo. Entonces, tendría que unirse la necesidad con la reivindicación. Es algo que no existe ahora en Santander. Cuando estábamos todos juntos en la PAH sí que intentamos hacer algo por el estilo, teníamos ya fichado un bloque… Pero uno se mueve en la medida de sus posibilidades, y nosotros hoy en día no tenemos esa capacidad, ni somos suficiente gente. Pero si pudiésemos contar con 30 o 40 personas activistas, implicadas, en una ciudad como Santander podríamos hacer muchas cosas.

* Entrevista publicada originalmente en el boletín número 15 (julio 2019) de Briega en papel