Acaba la larga espera de las compañeras de Preguntar No Es Delito

Foto hecha por Javier González

Después de que el pasado 25 de Octubre las imputadas de Preguntar No es Delito declararan en el juicio que se ha hecho esperar durante más de cuatro años, el viernes 1 de Diciembre hay otra citación, ya que en la anterior fecha faltaba un testigo importante para la defensa.

Esta vez no hay convocatoria de apoyo como en el anterior juicio, donde centenares de personas acudieron desde por la mañana a mostrar su solidaridad con las compañeras. El juicio fue especialmente largo, teniendo tanto dentro como fuera de los juzgados de la calle alta a las personas congregadas. Después hubo una manifestación protagonizada sobre todo por la comunidad estudiante, que acabó de nuevo en las puertas de juzgados, esperando a la salida de las activistas imputadas.

Esta semana acaba una etapa en donde el proceso judicial y mediático obligó a llevar a cabo un trabajo colectivo por parte de las represaliadas, de denuncia antirrepresiva y de búsqueda de estrategias de difusión para dar a conocer el caso a la sociedad cántabra en general.

Reproducimos el manifiesto sacado por la asamblea de Preguntar No es Delito antes de la primera citación del juicio, a excepción del último párrafo, donde viene la convocatoria ya pasada, con el fin de que si alguien lee esta noticia y no conoce el caso pueda hacerse una idea de las consecuencias de este caso represivo sobre las compañeras.

Manifiesto por la absolución y la no repetición de #Preguntarnoesdelito

Las personas y colectivos abajo firmantes queremos solidarizarnos con las y los jóvenes de 'Preguntar No Es Delito' que serán juzgados el próximo 25 de octubre por el mero hecho de haber defendido la Educación Pública en el evento ‘Tengo una pregunta para usted’.

A partir de las declaraciones judiciales del entonces presidente autonómico Ignacio Diego Palacios, su chófer, jefe de gabinete y escolta, pusieron en marcha un proceso judicial que sólo unos vídeos aparecidos posteriormente han permitido contrastar con la realidad. Ante la incredulidad de aquellos que hemos podido visionarlos, casi cuatro años después, estos jóvenes se siguen enfrentando a penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación.

Nos encontramos ante uno de los atropellos más graves y flagrantes contra las libertades y derechos ocurridos en los últimos años en Cantabria, cuyas consecuencias trascienden dictámenes judiciales e incluso perjuicios laborales personales, afectando seriamente a amigos y familia. Nos preocupa enormemente que:
- Se pueda impedir arbitrariamente el acceso en la Universidad pública.
- Si el acto propagandístico no sale como estaba planeado, la clase política reaccione criminalizando una protesta legítima y pacífica.
- Ciertos medios de comunicación sirvan intereses alejados del de informar.
- Los acusados hayan ido conociendo los sucesivos pasos del proceso a través de las filtraciones a la prensa y no de comunicaciones formales del Juzgado.
- Nuestros jóvenes se sientan indefensos ante un Poder Judicial que no se ha comportado con neutralidad.
- Se hayan aceptado como pruebas acusatorias facturas injustificables y sin peritar.
- Algunos policías puedan abusar de la presunción de veracidad que se les otorga para inculpar gravemente, a través de testimonios que las imágenes han demostrado simplemente falsos.

Estas realidades, que el caso ha sacado a la luz, únicamente generan inseguridad: la arbitrariedad conlleva que mañana podamos ser cualquiera de nosotras quienes enfrentemos algo así de forma injusta. Por la excepcionalidad de haber aparecido posteriormente unos vídeos clarificadores que desmontan una a una todas las acusaciones, consideramos la resolución de este caso, que se montó con una intención ejemplarizante, fundamental para avanzar hacia una Justicia digna de tal nombre.

Por todo ello, exigimos la total absolución de todas las personas juzgadas y la toma de medidas en el ámbito judicial para que un montaje así no pueda volver a ocurrir.